El gobierno colombiano autorizó hoy a la senadora opositora Piedad Córdoba para que gestione con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) un acuerdo para el canje de secuestrados por guerrilleros presos, informaron fuentes oficiales.
El alto comisionado presidencial para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y la parlamentaria anunciaron que la gestión pretende acelerar un acuerdo para el llamado "intercambio humanitario".
La senadora Córdoba, que pertenece al Partido Liberal, ha sido una fuerte crítica de la gestión del Presidente Alvaro Uribe.
Córdoba, que también ha promovido el acuerdo humanitario, declaró que aunque considera "pretencioso" decir que ella tenga en sus manos la solución, sí tiene "cierta credibilidad".
En mayo de 1999 la senadora estuvo secuestrada por paramilitares de derecha durante varios días, y en marzo del año pasado un asesor suyo, el historiador Jaime Enrique Gómez, apareció asesinado en un parque de las montañas de Bogotá, días después de haber sido dado como desaparecido.
"Yo he sufrido como víctima lo que está pasando", expresó la senadora.
Córdoba estuvo en Caracas hace más de una semana y se presentó en el programa semanal "Aló Presidente", del gobernante venezolano, Hugo Chávez, a quien le pidió interceder ante Uribe por el intercambio humanitario.
"Yo sé que usted habla con Uribe. Le pido que hable con él y le diga que necesitamos el acuerdo humanitario", le expresó Piedad Córdoba a Chávez.
La congresista manifestó hoy que pedirá ayuda al Gobierno de Venezuela y a otros países latinoamericanos para las gestiones por los secuestrados.
Las Farc tienen cautivos a 45 políticos, soldados, policías y estadounidenses, que aspiran a canjear por unos 500 guerrilleros presos, pero para ello se requiere un acuerdo humanitario.
Entre los cautivos se encuentran la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, que también tiene nacionalidad francesa, así como los estadounidenses Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves.
Para hacer el canje, los rebeldes exigen la desmilitarización de dos municipios del departamento del Valle del Cauca (suroeste), a lo que el Ejecutivo se opone.
En las gestiones para lograr el acuerdo han ejercido sus buenos oficios Francia, España y Suiza.
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